47 presas fueran embargadas en Brasil por falta de seguridad y 4 de ellas están en nível máximo de emergencia

En un reportaje para el noticiero Jornal Nacional, el MAB denuncia falta de política de seguridad de represas, aún después de los crímenes cometidos por la Vale en el país.

Estructura de la presa B3/B4, en São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, conocido como Macacos. La presa se encuentra en el nivel 3 de emergencia, la etapa más peligrosa.  Foto: Leo Fontes / O Tempo.

De acuerdo con el reportaje publicado esta semana en el noticiero Jornal Nacional, en septiembre, Brasil tuvo 47 presas embargadas por falta de seguridad. Los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) muestran que ese número representa un crecimiento en relación al mes de febrero, cuando 42 estructuras fueron intervenidas por falta de declaración de estabilidad. Entre esas presas, cuatro están en el nivel máximo de emergencia, lo que consiste en una «ruptura inminente»

Es decir, incluso después de los crímenes ya cometidos por las grandes mineras que operan en el país, como la Vale y BHP Billiton, la falta de legislación y fiscalización efectiva permite que estas empresas sigan operando de forma negligente en relación a la seguridad de la población, que cada día se ve más vulnerable con el aumento de estructuras en riesgos, consideradas verdaderas bombas de tiempo en las comunidades.

«Vivir cerca de una presa en situación de riesgo causa daños al proyecto de vida de las personas. Por eso, esa noticia (sobre los informes técnicos) genera más dolor y sufrimiento a los afectados de todo Brasil. Muestra la inexistencia de una política seria de seguridad de represas”, afirmó Joceli Andreoli, coordinador del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) en Minas Gerais, al Jornal Nacional»

Hoy, el embargo —mencionado por el Jornal Nacional— es aplicado para empresas que no entregan la Declaración de Condición de Estabilidad (DCE) de la presa, es el caso de 16 mineras, sobre las cuales no hay ninguna información acerca de la situación de sus estructuras, o para aquellas que presentaron el documento, pero el mismo no probó la estabilidad de las represas, lo que ocurrió con 31 emprendimientos en septiembre. Eso significa que los afectados que viven alrededor de esas estructuras se encuentran altamente vulnerables, así como el paisaje y el patrimonio público del entorno.

Más riesgo de ruptura en Minas Gerais

Del total de esos emprendimientos, 31 están en Minas Gerais, estado que hasta hoy sufre con los impactos de las rupturas de las represas de Mariana y Brumadinho, que destruyeron las cuencas del río Doce y del río Paraopeba. También hay intervenciones en Mato Grosso, Bahia, Pará, São Paulo y Amapá. La mayoría de las estructuras pertenece a la minera Vale.

«Eso quiere decir que la auditoría contratada hizo cálculos y no quiere probar que éstas presas son seguras, por considerar que existen problemas que pueden comprometer la estructura», explicó el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), Bruno Milanez, al G1.

Entre las presas con el más alto nivel de emergencia está la B3/B4, de la Vale, que queda próxima al distrito Macacos, en Nova Lima, en la mina Mar Azul. La estructura ya empezó a tener sus 2,7 millones de metros cúbicos de desechos de mineral de hierro removidos, pero, según la Vale, el proceso sólo será finalizado en 2025. Hasta esa fecha, ella sigue en riesgo inminente de ruptura, aterrorizando a la población que ya está en alerta con las falsas alarmas de la propia minera en diferentes situaciones.

En total, hay 461 presas de minería incluidas en la Política Nacional de Seguridad de Represas (PNSB, por sus siglas en portugués). Además de la B3/B4, otros ejemplos de represas de la Vale embargadas en el país son la Forquilha III, en Ouro Preto (Minas Gerais), Sul Superior, en Barão de Cocais (Minas Gerais). El MAB trabaja en todos esos territorios organizando a la población para reivindicar sus derechos, y presionando al Poder Público para garantizar la seguridad de los afectados, la reparación de los daños causados y la responsabilización y sanción de las empresas por los riesgos generados en el territorio.

Traducción: Ciro Casique Silva

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